El gobieno australiano promueve una lay para que el «secreto de confesión» no tenga validez jurídica ante los tribunales ordinarios, a fin de que la pederastia eclesial no pueda ampararse bajo el mismo…
El de la catolicísima Irlanda embarga todos los bienes de la Iglesia para hacer frente a las indeminizaciones de las víctimas por abusos comertidos por su clero…
Aquí, en España, Sánchez se lava las manos y larga la responsabilidad al Defensor del Pueblo y un Comité formado por expertos independientes y representantes de la propia Iglesia (de los verdugos, no de las víctimas). Un vergonzoso desmarque en un gobierno que se autocalifica progresista y de izquierdas
