El debate sobre el derecho a ser o no negacionista debe ser abordado por las autoridades sanitarias y por los gobiernos con asistencia de la justicia tanto como de la ética, dado que vacunarse es una opción cívica y solidaria…
Existen argumentos sólidos para exigir la inmunización de colectivos determinados por la naturaleza de sus trabajos. Los derechos de los negacionistas no son absolutos, y su insolidaridad tiene graves consecuencias en determinados casos.
El principio general de voluntariedad de la vacuna puede ser sustituido por el de obligatoriedad, cuando el beneficio social que se persigue es mayor que la conculcación de los derechos de unos pocos… También los que se vacunan tienen los suyos.
